Procuraduría fija directrices sobre políticas de niñez, adolescencia y familia, para los procesos de empalme con los nuevos gobiernos

La niñez, la adolescencia, la juventud, la familia, la mujer, el género y la discapacidad «deben ser insumo fundamental para la elaboración de los planes de desarrollo local de las administraciones 2020-2023», por lo que los procesos de empalme deben consignar en qué estado son recibidas las respectivas políticas públicas.  

La anterior directriz fue dada por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, a los alcaldes y gobernadores salientes y entrantes, para que la información relacionada con estos grupos poblacionales sea incluida en los procesos de empalme que se adelantan.

En la Directiva 018 de noviembre de 2019, el jefe del Ministerio Público precisó que el informe de rendición de los alcaldes que entregan debe contener lo realizado y ejecutado durante el cuatrienio que está por terminar conforme lo establecido en el Código de Infancia y Adolescencia y en el Estatuto de Ciudadanía Juvenil.

La información debe tratar «sobre lo que se hizo durante el periodo de gobierno 2016-2019, la evolución en la atención y la garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y precisar en qué punto se encuentran estas políticas, qué faltó por lograr y los retos en el inmediato, mediano y largo plazo para el territorio».

Al nuevo mandatario se le debe entregar «el inventario de políticas públicas relacionadas con esta población que se encuentren vigentes en el departamento o municipio, e indicar el estado de su implementación, al igual que los planes de mejoramiento formulados o en ejecución», explica la directriz.

Conforme a lo señalado por el procurador Carrillo Flórez tanto los alcaldes como los gobernadores deben fijar políticas que permitan y conduzcan a que «los territorios avancen efectivamente en la disminución de las brechas existentes, especialmente en lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, nutricional y el Programa de Alimentación Escolar; prevención del trabajo infantil y de las violencias físicas y psicológicas; del reclutamiento y atención de jóvenes desvinculados del conflicto; rutas de atención intersectorial implementadas para evitar el embarazo a temprana edad; programas de salud mental; derechos de la juventud; acciones realizadas para la prevención de la violencia juvenil y el consumo de sustancias psicoactivas y estupefacientes; protección de la mujer; eliminación de las violencias basadas en género; derechos de la familia; atención brindada a las personas mayores vulnerables; educación inclusiva y derecho a la educación», tarea que debe ser emprendida desde el primer día de gobierno.

Fuente: Procuraduría General de la Nación.

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