Girardot no ha contratado el operador para la atención de menores y adolescentes en proceso de restablecimiento de derechos

Desde el pasado 20 de diciembre de 2018 finalizó el contrato firmado entre la alcaldía de Girardot y la Fundación Sembramos Valores, a donde eran trasladados los menores de edad y adolescentes en proceso administrativo de restablecimiento de derechos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

La población en mención era puesta bajo la responsabilidad del hogar de paso, submodalidad casa hogar, operada por la Fundación que desde el viernes 20 de julio de 2018 asumió la responsabilidad de brindar la atención integral de los niños, niñas y adolescentes allí remitidos.

A la casa hogar en donde eran acogidos los menores y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados, también eran trasladados aquellos infractores de la norma, que restringe entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana la permanencia y circulación de niños, niñas y adolescentes por parques, vías y lugares públicos de Girardot.

Los infractores de la medida conocida popularmente como, “toque de queda” (Decretos municipales 187 de mayo 18 de 2009 y 045 de 25 de febrero de 2013), eran atendidos a través del centro transitorio de protección, a cargo de la misma fundación representada legalmente por María Stella Padilla Pulido.

Al confirmarle a Plus Publicación que en estos momentos no existe contrato, el secretario de gobierno y desarrollo institucional de Girardot,  Edward Mauricio Perdomo,  señaló inicialmente que los menores estaban siendo conducidos a la Fundación Manantial, con la que tampoco existe contrato.

«Manantial nos está apoyando con algunos, pero en este momento no hay contrato» precisó el funcionario quien explicó el traslado de los menores a ese sitio, aclarando que si bien es cierto en alguna oportunidad «existió una mala información dando a entender que allí se hacía una mezcla con los adultos y los menores y que había un peligro […], la misma procuradora fue a revisar el tema, sacando conclusiones de que lo que se afirmaba carecía de veracidad».  

Luego de consultar con uno de los comisarios, el funcionario le precisó a Plus Publicación que «dependiendo de la situación que se dé, se busca a la familia, o el comisario que esté manejando el tema coordina con el ICBF a fin de definir el procedimiento y a dónde debe ser trasladado el menor», al que se le deben restablecer sus derechos.  Señaló desconocer los sitios o instituciones a los que estos menores son trasladados.  

Con respecto a la contratación que debe hacerse con la entidad que va a manejar el hogar de paso y el centro transitorio, afirmó que «se está trabajando en eso» ya que la «administración los primeros días del año lo primero que hace es la parte de contratación del personal, y luego comienza los contratos con las entidades».

Aunque la situación anteriormente relatada ha sido reiterativa año tras año,  a la misma no se le debe restar importancia, teniendo en cuenta que la Ley 1098 de 2006 señala como responsables de las políticas públicas de infancia y adolescencia en el nivel municipal a los alcaldes, quienes deben ser parte fundamental en la responsabilidad de coordinar lo pertinente para garantizar los convenios y demás que lleven a la protección de los niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato, abandono y abusos,  y al restablecimiento de sus derechos.

Este proceso, indica la norma, debe cumplirse en un sitio calificado a través de un equipo interdisciplinario debidamente capacitado que incluya entre otros, psicólogos, trabajadores  sociales, enfermeras, nutricionistas y pedagogos.