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¿... y quién vigila la cultura?
Aunque pareciera un chascarrillo lo ocurrido con el exsecretario de cultura de Medellín, quien, en una reunión reconoció «[…] a veces no tener ni idea de temas culturales», se abre el debate sobre la necesidad de las veedurías en cultura, poco frecuentes en la mayoría de los municipios del país.
«No me da pena decirlo», expresó estúpidamente el exfuncionario, «[…] de pronto descacharme […] qué es una biblioteca […]». Desparpajo que le costó que el 14 de febrero el mismo alcalde de Medellín desde su cuenta en X, (antes Twitter), confirmara haberle pedido su renuncia.
Menciono el acto cantinflesco del abogado Manuel Alejandro Córdoba Jiménez, con maestría en Gobierno y Política Pública, para denotar que, de no haber ocurrido esta caricatura, seguramente nadie habría denunciado sus limitantes para que orientara el sector cultura.
Casualmente, y no me desviaré del tema, al día siguiente de lo relatado, es decir el 15 de febrero, se entregó el informe del empalme del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Fomento (IMTCF) de Girardot, por parte de su directora general, Yulieth González, en el recinto del Concejo Municipal.
¡Claro!, muchos asombrados por los datos que desconocían; cifras, déficits, el incumplimiento de compromisos contractuales, la alta suma de cuentas por pagar, todo es una radiografía repetida que durante años ha sido la comidilla predilecta de quienes no arriesgan nada, sino que desde la cultura hacen gestión, pero tienen mil pretextos para no ejercer vigilancia ni denunciar lo que al interior del Instituto ha ocurrido.
Aquí entro en materia: aunque durante años, cuatrienios, décadas se ha mencionado que existen irregularidades o extraños manejos con las finanzas del IMTCF, ninguno se ha atrevido a conformar o integrar veedurías que vigilen la ejecución del gasto público en este sector. A todos los gestores y artistas les preocupa, y es razonable, la disponibilidad de dinero para apoyar procesos culturales, que apalancarían sus propios proyectos, pero desentendiéndose de la urgencia de vigilar, como en el caso de la casi ciudad, de qué manera se administran los dineros destinados no solamente a la cultura sino al funcionamiento del IMTCF.
Conocer, por ejemplo, que a la fecha del informe la deuda con los empleados de planta asciende a los $64 547 000; que se debe la seguridad social de noviembre y diciembre de 2023; que se debe la prima de Navidad y la nómina de diciembre; que hay cinco periodos de vacaciones vencidas de dos funcionarios, o que la dotación correspondiente al 2023 no se entregó, no solo es escandaloso sino sospechoso.
Si hablamos de temas más puntuales como el de las transferencias que el IMTCF debe recibir de Ser Regionales o de la misma Alcaldía, la situación está para alquilar balcón. Según el empalme desde junio de 2023 no se realizaron las transferencias de Estampilla Procultura, adeudándose $376 795 000. En el caso del impuesto de degüello y pesaje la empresa Ser Regionales adeuda $308 millones del primero y $ 72 millones del segundo ítem. El funcionamiento del Instituto depende principalmente de las transferencias de esta empresa.
El IMTCF en respuesta a un derecho de petición nuestro informó el 29 de marzo de 2023 que la Alcaldía de Girardot adeudaba por Estampilla Procultura la suma de $ 435 142 188,40. Aunque por el impuesto de degüello de ganado mayor se abstuvieron de entregar información por encontrarse en proceso de conciliación de transferencias, sí establecieron que desde septiembre de 2022 no recibían transferencias.
Con estos ejemplos demuestro que el problema es endémico, sin haber mencionado dos acuerdos de pago suscritos por Ser Regionales entre el 2020 y 2021 al parecer con algunas falencias.
Sin ahondar en temas como el Reinado Nacional del Turismo (RNT) para el que se apropiaron $4634 millones para el 2023, o el saldo de cuentas por pagar al cierre del mismo año por $5012 millones, es claro que parte de la ciudadanía girardoteña y de quienes por su actividad son cercanos a la cultura, si no conocen los detalles, sí saben por los medios de comunicación o por comentarios de los mismos excontratistas del IMTCF todas las desgracias que allí venían ocurriendo.
Este año hay un interés inusual por parte de gestores, escritores y artistas en la conformación del Consejo Municipal de Cultura. Como lo he subrayado enfáticamente en los dos Consejos o en otros escenarios, es importante que los aspirantes a ser consejeros tengan la claridad de que uno de los objetivos de los Consejos de Cultura es «Vigilar la ejecución del gasto público invertido en cultura». (Ley 397 de 1997).
Y es que hay que recalcarlo porque nadie quiere exponer su empleo ni su integridad física por vigilar estos recursos, pero sí beneficiarse con ellos; pero al no asumir lo primero, es improbable lo segundo. Entonces la pregunta es, ¿quién debería cuidar los recursos ´para la cultura? Nadie levanta la mano.
Me identifico con la frase que expresó al parecer una gestora cultural opinando sobre el papelón del exdirector de cultura de Medellín: «Y nosotros, sector cultural, a punta de silencio, hemos participado en la construcción de esa situación porque no hay veeduría».
¡Lo dijo todo!
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