«Puede haber un muerto» entre conductores de taxis y transportadores ilegales señala el presidente del Sindicato de Chóferes de Girardot

La problemática socioeconómica que ha traído consigo el transporte ilegal de pasajeros empieza a recrudecerse en la ciudad de Girardot. Así lo continúan manifestando gerentes de las empresas de transporte, propietarios y conductores de taxis, buses y busetas que prestan el servicio público en el municipio.

Tanto así, que para el próximo lunes 13 de marzo a las seis de la tarde se ha convocado a los transportadores legalmente constituidos de todas las modalidades, para que en inmediaciones del estadio municipal se decidan las medidas que se van a adoptar frente al incremento exagerado del transporte ilegal, y la ausencia absoluta de autoridad por parte de la Administración Municipal.

Así lo advirtió a Plus Publicación el día de ayer (10.03.2023) el presidente del Sindicato de Chóferes de Girardot, Rodolfo Escobar, quien afirmó que se han reunido varias veces con el alcalde Francisco Lozano Sierra, «pero siempre son solo promesas y promesas».

La más reciente reunión, dijo, se realizó hace diez días comprometiéndose a controlar el transporte ilegal al menos en dos sitios tradicionales con este fenómeno: El Cubano, en la esquina de la carrera 9 con calle 11 (plaza de mercado), y en frente a la Clínica Dumian, sin que en verdad esto haya ocurrido, afirmó Escobar.  

Es tan preocupante la situación, según el presidente del Sindicato, «que ya puede haber hasta un muerto entre el transporte ilegal y el gremio de taxistas, porque ya se está volviendo esto que ya no hay garantías para prestar un servicio la ciudadanía». 

VIENEN DEMANDAS EN CONTRA DEL MUNICIPIO

El abogado de las empresas Rápido El Carmen, y la Cooperativa de Transportadores Girardot (Cootransgirardot), Jorge Ignacio Ortiz Burgos, confirmó a Plus Publicación que en representación de la primera empresa se demandará al Municipio de Girardot «por la ausencia de control en la prestación del servicio ilegal de transporte, lo que ha causado un daño antijurídico a esa empresa (Rápido El Carmen), y sin duda alguna a las otras empresas».

En ese mismo sentido anotó que en el país existe suficiente jurisprudencia sobre el tema tanto en el Consejo de Estado como en los tribunales administrativos de distintos Departamentos. «En este sentido lo que se censura, […] el título de imputación jurídica a las autoridades municipales tiene que ver con la omisión en el control del transporte ilegal. Esa omisión, desde luego, tiene un concepto de relatividad, que digamos, tiene que ver con la capacidad misma que tiene la entidad municipal para controlar un fenómeno bastante crecido», explicó.

El profesional no confirmó la fecha en la que se instaurará la demanda debido a que se han presentado contratiempos con la información solicitada al Municipio. Al punto de que «nos ha tocado interponer tutelas, incluso tutelas contra las decisiones de los jueces que han querido soslayar esta obligación que tienen las autoridades de responder los derechos de petición», apuntó.

DESINTERÉS POR PARTE DEL ALCALDE

Plus Publicación ha asistido a las mesas de trabajo organizadas por el presidente del Concejo de Girardot, Andrés Trujillo, que iniciaron el pasado 16 o 17 de enero, en las cuales los diferentes actores del transporte público de pasajeros legalmente constituido han manifestado sus preocupaciones por la manera como viene decayendo el negocio del transporte en el municipio, gracias al incremento descontrolado de transportadores ilegales, y la absoluta inoperancia de las autoridades locales.

Ante esto, Trujillo señala que «Lo que se ha manifestado han sido las inconformidades, o más bien los incumplimientos por parte de la Administración frente a situaciones como, combatir el tema del transporte ilegal; el tema de las actualizaciones en las tarifas del cobro de los taxis; situaciones como que los agentes de tránsito, según lo que manifiestan, se quedan cortos en las herramientas que tienen para combatir el transporte ilegal». Advirtiendo que es una problemática que viene de gobiernos anteriores.

Un sector del gremio transportador piensa que «el interés de la Administración fuese acabar con el transporte legalmente constituido en Girardot». A lo que el presidente del Concejo agrega: «Haciendo un balance de la reunión que terminamos hace un momento (10.03.2023) pareciera que así es. Porque no hay control, no hay voluntad […]. Nadie le quiere colocar frente a la problemática que ellos tienen. Entiendo que se reunieron con el alcalde hace unos días, les manifestó que el 15 de marzo era una fecha para hacer el día sin carro, y les propuso otro día para el mes de septiembre, pero ya estamos hoy a 10 de marzo y por ningún medio se ha socializado que el 15 sea el día sin carro».

Las preocupaciones del concejal tienen que ver con que, del transporte ilegal de pasajeros se pueden derivar situaciones delincuenciales como el microtráfico, o extorsión para que algunos de ellos puedan trabajar en determinados sitios, «y pues realmente acá se desprende una problemática bastante amplia a la que hay hacerle frente; hay que pararle atención a esta situación para que el problema no se siga agrandando, porque acá lo que hemos visto es que hay un desinterés completo por parte de la Administración».

MOCIÓN DE CENSURA A LA SECRETARIA DE TRÁNSITO

Como un tema que tiene que ver directamente con la falta de control  al transporte ilegal, dice, se encuentra la renuencia de la secretaria de Tránsito de Girardot para atender la citación de control político que le ha extendido la Corporación en tres diferentes oportunidades.

Ante tal situación Andrés Trujillo confirmó a Plus Publicación que en el mes de mayo presentará una moción de censura contra la funcionaria, «ya que ha sido renuente, la no voluntad de presentarse al Concejo Municipal. Se le han dado los tiempos, se le ha dado el espacio, no podemos pensar siquiera que un funcionario tenga que demorarse tres o cuatro meses para entregar un informe, un cuestionario, y que hoy todavía se siga excusando en que está en un proceso de empalme cuando ya completamos dos meses desde que se posesionó».

Para que se dé la moción de censura se necesita que la mitad más uno de la Corporación vote aprobando la proposición; y para que sea efectiva, mínimo diez concejales deben votar a favor.

Ante esta situación advirtió que, «Es allí donde tendremos que saber los concejales de parte de quién están. Si de una Administración que ha sido realmente indolente con la problemática de la ciudadanía, o de parte de la ciudadanía, que fue quien nos eligió a todos para representarlos».