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¿Ruptura institucional o paranoia del presidente?

¿Ruptura institucional o paranoia del presidente?

Por iniciativa del mismo presidente Petro se habla de una ruptura institucional, señalando hechos como el allanamiento a FECODE por el presunto aporte ilegal de $500 millones para su campaña presidencial; las constantes confrontaciones y declaraciones del fiscal Barbosa contra Petro, comparándolo incluso con el famoso capo Pablo Escobar, o la suspensión del canciller Álvaro Leyva Durán dentro de las investigaciones de la licitación de un contrato para la fabricación de pasaportes.

En algunos de estos casos, o en otros similares, el presidente ha convocado a movilizaciones populares en su apoyo. Derecho inalienable que, a estas alturas de nuestra frágil y dubitativa democracia no deberíamos estar discutiendo.

Lo que sí hay que subrayar en este aspecto es la responsabilidad que recae sobre el primer mandatario si estas marchas convocadas, siempre con la advertencia de que se realicen en paz, desembocan en alteraciones del orden público con consecuencias nefastas provocadas por inadaptados o infiltrados; de cualquier manera, las consecuencias negativas serían las mismas.

Lo ocurrido en las oficinas de la Revista Semana el pasado 29 de septiembre cuando un grupo de indígenas irrumpió, al parecer violentamente, en sus instalaciones; o lo ocurrido el reciente 8 de febrero cuando un grupo de manifestantes se reunió enfrente a la entrada del Palacio de Justicia, alcanzándose a escuchar la palabra «secuestro» a detractores y/o periodistas opositores del gobierno actual, puede ser una alerta que no se debe ignorar.

Ninguno de los casos terminó en hechos deplorables, pero se debe considerar que, aunque el presidente Petro no incite ni instigue a la violencia, no es un ser supremo para evitar desmanes si se presentaran. Y entrar a revisar su responsabilidad en el hecho, sería otro desgaste desde lo político, que es valido preguntarse qué tanto aportaría a su proyecto de gobierno y a su imagen como primer mandatario.

Miremos hacia el otro costado, en el que se encuentran arrellanados el exfiscal Francisco Barbosa; la fiscal encargada, Martha Mancera, o la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, por mencionar a algunos de los acomodados a la diestra del innombrable.  

El primero, hasta hace un día máximo representante de una entidad oficial tan importante para el país como lo es la Fiscalía General de la Nación; desde su cargo fue implacable atacando cuantas veces pudo las posiciones políticas del Gobierno de Gustavo Petro, cuando este comportamiento no pertenece a las funciones del cargo que desempeñaba, al menos no en nuestro país. Y ni qué decir de su labor dentro de la Fiscalía, cuando procesos tan importantes como la Ñeñe Política u Odebrecht quedaron archivados durante su dirección. Hay cifras que indican que durante su gestión se archivó el 81 por ciento de las investigaciones, con el menor número de condenas durante los últimos diez años.

La persona que lo reemplazará temporalmente, la vicefiscal Marta Mancera, en mitad de la tormenta gracias a una serie de entrevistas, documentos, voces suministradas por el periodista Daniel Coronell, Revista Raya o el abogado Ramiro Bejarano; este último dijo en las últimas horas que le produce pánico su encargo como fiscal general.  

Revista Raya publicó una extensa investigación en donde la acusan de presuntamente encubrir a un funcionario del CTI señalado de narco por investigadores encubiertos de la misma entidad. Suministra evidencias que podrían desmentir declaraciones realizadas por la funcionaria en medios de comunicación nacional, en donde ha afirmado situaciones contrarias a lo que documentos publicados por Raya podrían demostrar inconsistencias o contradicciones.

Es evidente que no goza de la confianza ni de la credibilidad de un grupo importante de colombianos, y, no obstante, toda clase de rechazos y objeciones han sido desoídas e ignoradas bajo la figura del absolutismo.

Y si el tema es la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, dicen, amiga cercana al clan Char de Barranquilla, la situación no es tan distinta a las anteriores. Sin menospreciar esa cercanía con una de las familias más cuestionadas del país, los medios de comunicación alternativos no dejan de opinar sobre familiares directos a la procuradora que han ascendido en su estatus social, precisamente por su relación con los Char.

En el caso de la pérdida de los $70 000 millones de pesos destinados para la conectividad de escuelas rurales en lugares marginales del país durante el tiempo de Karen Abudinen como ministra de las TIC, la Procuraduría no actuó con la misma severidad ni celeridad como en otros casos de orilla diferente.

En conclusión, no deja de ser arriesgado para el orden público la exhortación a las marchas por parte del presidente de la República, sin que esto quiera decir que no se está en el derecho constitucional de realizarlas.

Ahora bien, hay o no ruptura institucional, ¿cuándo dignidades tan importantes como el exfiscal Barbosa, al parecer de muchos, actuó como político de oposición al gobierno del actual presidente? O, ¿cuándo su sucesora está señalada de un presunto favorecimiento a un funcionario presumiblemente vinculado con el narcotráfico?

¿Hay ruptura institucional cuando a la procuradora general de la nación se le endilga con suficientes argumentos su simpatía con la familia Char de Barranquilla, el ascenso vertiginoso de un familiar cercano gracias a la misma familia, o la ausencia de consecuencias disciplinarias contra la Abudinen por «perder» $70 000 millones para internet en las veredas?

Para muchos, el presidente Petro está sufriendo de paranoia o algo similar, para otros, sencillamente es que las evidencias hablan por sí mismas.

Y, si hay ruptura institucional, ¿que persiguen sus protagonistas principales con ello?

*Las opiniones plasmadas por los columnistas en ningún momento reflejan o comprometen la línea editorial ni el pensamiento de Plus Publicación.